Isabel Díaz Ayuso ha vestido de gala el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial en la entrega de los Premios de Cultura 2024 y la Medalla Internacional de las Artes

Hay derrotas políticas que no se explican solo con números. Se sienten antes de entenderse. La de Viktor Orbán es una de ellas. No es únicamente el final de un ciclo electoral: es el desgaste visible de una estética del poder que, durante años, se vendió como orden, identidad y firmeza, pero que acabó convertida en rutina, aislamiento y cansancio.

España ha perfeccionado una operación cultural de alto voltaje simbólico, con aires de true crime: convertir la violencia en tradición, el dolor en patrimonio y la incomodidad moral en pieza de archivo dentro de los anales históricos de la Semana Santa. En ese dispositivo encaja, con una precisión casi quirúrgica, el ritual de los “picaos” en San Vicente de la Sonsierra. Allí, la Cofradía de la Santa Vera Cruz de San Vicente de la Sonsierra sostiene la última manifestación activa en España de penitencia disciplinante con sangre. Ni más, ni menos. No como residuo marginal, sino como práctica regulada, protegida y asumida dentro del calendario litúrgico y cultural. Los masoquistas patológicos cristianos montan su show gore y denigrante con la trivial justificación de evadir sus pecados en el entorno ensoñador de la “Pasión de Cristo”. Masoquismo chusco, televisado, enmascarado y aceptado por los hipócritas de la Semana Santa, que por cierto es santa por arte de birlibirloque. Resulta fascinante que nadie señale lo absurdo, denigrante y patológico de esta práctica, aunque también es cierto que, en un país que celebra desangrar toros, desahuciar ancianos indefensos de sus residencias y sostener una monarquía putrefacta, esto puede parecer un juego de niños. Aquí hay una hipocresía baldía galopante de la mano de una Iglesia decadente que sigue insistiendo en la redención, mientras afronta miles de casos de pederastia en su seno corrupto. Made in Spain. Sevilla, huele a incienso, ¿La Rioja? a sangre.

La muerte, cuando es elegida, incomoda porque quiebra el mandato biológico de persistir y desarticula el imaginario que sitúa la vida como valor incuestionable. Decidir cuándo y cómo morir desactiva uno de los últimos monopolios simbólicos del Estado, de la religión y de la familia. El caso de Noelia Castillo, fallecida en Barcelona tras recibir la eutanasia después de 601 días de litigio judicial motivado por la oposición paterna, no es únicamente un episodio jurídico: es una grieta estructural en el modo en que España gestiona la soberanía sobre el cuerpo. Los detractores de la ley de eutanasia —entre ellos la organización ultracatólica Abogados Cristianos, que impulsó la vía judicial promovida por el padre de la joven— sostienen que la muerte de Noelia constituye un fallo del Estado. A su juicio, el caso revela una deficiencia estructural del marco normativo: la inexistencia de protocolos obligatorios para la evaluación de personas con trastornos mentales antes de autorizar la eutanasia.

Hay personajes que nacen pequeños, casi accidentales, y terminan atravesando la historia como si llevaran en su interior una brújula moral. Cheburashka —esa criatura de orejas desmesuradas, mirada desvalida y nombre impronunciable— parece, a primera vista, un juguete del imaginario infantil soviético. Pero basta observarlo con atención para descubrir que su viaje es también el de un país que aprendió a sobrevivir entre consignas, ruinas y reinvenciones.

La medicina siempre fue, antes que nada, una práctica de proximidad. Un cuerpo frente a otro cuerpo. Una mano que palpa, que presiona, que busca en la superficie de la piel una verdad que no aparece en ningún informe. El diagnóstico, durante siglos, fue también una forma de contacto. Hoy, sin embargo, ese gesto comienza a desvanecerse. No como excepción, sino como tendencia. La irrupción de la telemedicina, los sistemas de consulta remota y los chatbots clínicos ha inaugurado una nueva escena: el diagnóstico sin cuerpo.

La muerte del ejecutivo estadounidense Jonathan Gavalas ha abierto uno de los litigios más inquietantes de la era de la inteligencia artificial. Su padre acusa a Google de que el chatbot Gemini no solo acompañó un deterioro mental de Jonathan, sino que lo amplificó hasta empujar a su hijo hacia la violencia y el suicidio.