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LA REIVINDICACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS ABOGADOS UNEN A LA PROFESIÓN, SEGÚN CONFIRMA ROSARIO ALIRANGUES

Seguramente no se trata de la profesión más aclamada, pero sí la más demandada. Y esa pérdida de afección entre la profesión de la abogacía, la administración y la sociedad abre una brecha que se traduce en pérdida de derechos para letrados y letradas y con la que pocos empatizan. Hoy, y unos días después de la resaca, tras el éxito de la manifestación que distintas asociaciones de abogados convocaban en el centro de la capital, Rosario Alirangues, CEO de Acción Jurídica Abogados, nos da las claves para entender la respuesta colectiva de una de las profesiones más plurales-
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Nos encontramos con Rosario Alirangues: CEO de Acción Jurídica Abogados, uno de los bufetes más prestigiosos de la ciudad que lo aloja (Guadalajara), y sin duda de nuestro país. Era una mañana primaveral en un cálido día de invierno. Ondeaban los claims y el negro de sus togas cubría el azul intenso del cielo tecnicolor de la capital y asignaban a las omniscientes gamas cromáticas del Retiro nuevos signifcados, La esperanza.

Por Rosario Alirangues. Fotografía: Equipo de Comunicación de Acción Jurídica Abogados.

Era en Madrid, el 3 de febrero del 2024.: “Un día histórico en el que se unen dos colectivos, Abogado/as y Procuradores de todo el territorio nacional. Objetivo, exigir un trato digno como profesionales y como personas bajo dos lemas: “Pasarela reta ya” y “Turno Oficio Digno”. Sus convocantes son MOVIMIENTO J2, SINDICATO VENIA y ANAMA. Abogado/as y Procuradores somos los profesionales que representamos y defendemos los derechos de nuestros ciudadanos, base de todo sistema democrático. Sin nuestra intervención no puede impartirse justicia, porque somos quienes luchamos por obtener justicia ante los órganos judiciales y administrativos.” Nos explica Rosario Alirangues.

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Y es que La ABOGACÍA y la PROCURA de toda España, viene reclamando el Derecho a una PENSIÓN DE JUBILACIÓN DIGNA con el lema: “PASARELA RETA YA”. El importe de la pensión de jubilación de los profesionales adscritos a la MUTUA oscila entre 300 y 500€ aproximadamente.

El MOVIMIENTO J2 leyó un manifiesto, es difícil seleccionar lo más destacable, ya que todo merecer ser escuchado.

Se reivindica “la tremenda injusticia y discriminación que padecen nuestros colectivos profesionales a causa de haber sido incluidos, en el mal llamado y fallido sistema de previsión social alternativo a la seguridad social, que son nuestras mutuas profesionales”. Las mutualidades de abogados y procuradores son “ineficaces para su función de previsión social”.

Se explica que “hasta el año 1999, para ejercer estas profesiones de forma independiente, era obligatorio adscribirse a una mutua profesional concreta, y ni siquiera existía la opción de poder darse de alta en la seguridad social como autónomo. A través de las mutuas, no sólo se iba a cubrir nuestra jubilación, sino también prestaciones sociales como las bajas médicas por incapacidad laboral temporal. Hasta el año 2012, incluso deberíamos pagar de nuestro bolsillo una asistencia sanitaria privada y los medicamentos, ya que no estábamos incluidos dentro de la asistencia sanitaria de la seguridad social.”

Se hacen públicas las relaciones entre los Colegios Profesionales y las mutuas y su culpabilidad, puesto que “Cuando finalmente tuvimos la posibilidad real de elegir entre la protección de las mutualidades y la del régimen especial de trabajadores autónomos (RETA), desde nuestros propios colegios profesionales se animaba, y aún se anima a los nuevos colegiados a optar por darse de alta en las mutualidades en detrimento del sistema público de autónomos con argumentos como que en las mutualidades es donde están los profesionales como en su propia casa, que así se contribuye a la solidaridad entre compañeros, que el sistema público está quebrado, y siempre insistiendo que al final en el sistema mutualista tendremos mejores prestaciones de enfermedad y jubilación. Desde los propios colegios te dirigen y te dirigían hacia las mutualidades, tienen oficinas comerciales en los mismos edificios de los colegios la mayoría de las veces. Muchos de nuestros colegios e instituciones han sido y siguen siendo agentes comerciales de las mutuas, por lo que una de las peticiones que nos vemos obligadas a exigir a los colegios es que decidan a quién quieren representar, a sus colegiados o a las mutualidades de las que perciben remuneraciones, tanto de contenido económico como en especie en diversas modalidades.”

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Se califica de muy grave que “la señora Ministra de la Seguridad Social afirme en rueda de prensa en la comisión de la seguridad social, que el sistema alternativo es voluntario, que tenemos las mismas prestaciones que la seguridad, lo que demuestra un desconocimiento grave y generalizado de la situación real.”

Se explica “Cuáles son las razones por las que no nos hemos cambiado al sistema de autónomos, pues muy sencillo, porque si te marchabas antes del 2005 se perdía todo lo aportado en las mutualidades y empezabas de cero en régimen de autónomos, porque las cantidades aportadas durante años a las mutualidades quedaban y quedan retenidas hasta llegar a cumplir la edad de jubilación, y al pasar al régimen de autónomos de la seguridad social se empezaba también desde cero, sin antigüedad, sin derecho a prestación por enfermedad, invalidez ni viudedad, por lo que debíamos seguir pagando a las mutuas y a la seguridad social a la vez durante unos cuantos años, en concreto a día de hoy entre cinco y ocho años más pagando el doble.”

Se expone que “la cruda realidad de abogados y procuradores mutualistas y alternativos es que tras una vida laboral entera pagando las cantidades que las mutualidades han ido determinando para cumplir su función de alternatividad al régimen de autónomos, las prestaciones recibidas llegado el momento de necesidad y vulnerabilidad por enfermedad, jubilación, etc, ni siquiera están a la altura de los mínimos de las no contributivas que percibe cualquiera ciudadano que no haya cotizado.”

Se invoca el Artículo 50 de la Constitución Española que establece que los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad.”

Se alega la “grave infracción de la Constitución que más del 90% de los abogados y procuradores mutualistas perciban jubilaciones inferiores a una pensión no contributiva, aquella del que nunca ha cotizado.”

Se protesta porque “una inmensa mayoría cobra prestaciones entre 300 y 500 euros después de haber trabajado 20, 30 e incluso 40 o más años en doce pagas sin actualización de IPC. Las prestaciones de incapacidad laboral transitoria como invalidez, viudedad, orfandad y otras son pírricas y no cubren todo el tiempo de enfermedad, ni permiten sobrevivir mínimamente.”

Los abogados y procuradores no tenemos “estatus de jubilado equiparado al de la seguridad social….no tenemos beneficios de transporte ni medicinas, no podemos ir al Imserso”. La mujeres abogadas tienen aún pero trato, ya que “las mujeres cobraremos menos porque según las estadísticas de los seguros vivimos más años.”

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Se deja claro que lo expuesto es un “simple esbozo del origen del movimiento J2, movimientos de abogacía y procura jodi2, porque jodidos estamos”. Y gritan al unísino “jodidos estamos, jodidos estamos….”.

Lo que en origen eran mutualidades de previsión social se han convertido en entidades aseguradoras que sólo miran los beneficios.

Se quejan de que “hasta el día de hoy, los sucesivos gobiernos del país no hayan advertido el problema, ni promovido control o regulación para evitar el desastre en el que hoy nos encontramos miles de profesionales”.

En nueve meses se han reunido con políticos en todo el territorio nacional y logrado más de diecisiete proposiciones no de ley por unanimidad en parlamentos autonómicos. Siguen manteniendo reuniones con políticos a nivel nacional. Han presentado tres proposiciones no de ley en el Congreso de los diputados, han llevado a cabo estudios técnicos para la redacción de esbozos de reales decretos de ley.

Solicitan a “todos los partidos políticos del Congreso que aprueben con carácter de urgencia y con participación de los afectados, la normativa necesaria para hacer realidad la pasarela al RETA que permita:

1° la posibilidad voluntaria y temporal de rescatar y trasladar al régimen especial de trabajadores autónomos las cantidades acumuladas a efectos de jubilación cuando se ha estado o se está en el sistema alternativo, y habrán de computarse para ello todas las cantidades a las que nos hemos visto obligados a cortar para mantener la condición de mutualistas alternativos más intereses, así como en la participación en fondos mutuales para orfandad, jubilación y fallecimiento, así como las cuotas de seguros privados que nos hemos estado pagando hasta 2012 y alcanzar las mismas prestaciones que un autónomo con los mismos años alcanzados.

2° Respecto del grupo de mutualistas pasivos, aplicar idénticos argumentos e instrumentos que para los activos de manera que teniendo en cuenta los años aportados a las mutuas, perciban a partir de la pasarela la pensión digna de jubilación que les habría correspondido de haber estado cotizando en el régimen de autónomo.

3° Y por último modificar el tratamiento fiscal de rescate de las aportaciones a las mutualidades, debido a que dichas aportaciones por su naturaleza no son planes de pensiones, sino que son aportaciones de cobertura prestacional con carácter alternativo al sistema de autónomos. No tiene sentido que se nos lleve un 60%.”

Se termina gritando varios de los lemas de la manifestación, “Pasarela reta ya”, “No estamos pidiendo limosna, ni trato de favor” y “Pacto de Toledo no, real decreto ley si”.

Su comparación con la cuantía mínima de 783€ (ej, sin cónyuge a cargo), que concede el INSS, es prueba de la discriminación y desigualdad que sufren ambos colectivos infringiendo el art. 50 Constitución Española. Por ello los abogado/as y procuradores exigen pasar al RETA con reconocimiento de lo cotizado en la MUTUA.

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La ABOGACÍA y PROCURA también exigen la «dignificación» de sus profesiones, incrementando las retribuciones para los Abogados y Procuradores de los servicios de Turno de Oficio, y para los Abogado/as, los servicios Guardias de Asistencia a detenidos y víctimas. Y que todas las actuaciones realizadas sean retribuidas. Sirva de ejemplo de actuación que no se abona al abogado/a es la asistencia a un detenido por unos hechos que se califican como delito leve. El abuso no sólo se produce por trabajar sin recibir remuneración, sino también por el llamado lucro cesante, es decir, las pérdidas que el abogado asume por no poder destinar ese tiempo a otras actuaciones profesionales que si serían remuneradas, o no poder disfrutar de su correspondiente descanso si dicha asistencia se produce durante los sábados, domingos y festivos.

La dignificación de nuestras profesiones también pasa por el reconocimiento y protección de los Derechos de conciliación y de desconexión digital, de cuyo análisis ya nos ocuparemos en otro artículo.

Los Abogados y Procuradores de Turno de Oficio se encuentran en huelga indefinida convocada por Sindicato Venia desde el 21 de noviembre del 2023.

La manifestación del 3-F ha provocado que el presidente de la Comisión del Turno de Oficio en el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Antonio Morán, haya pretendido reunirse con los convocantes el 13 de febrero. Sindicato Venia ha manifestado que “No resulta posible que sea el CGAE quien valore y transmita nuestras reivindicaciones, de las que somos únicos portavoces legítimos”. Estaremos atento/as.

Los Colegios Profesionales de Abogados y Procuradores, así como el CGAE, han sido testigos de la fuerza de unos colectivos que no los reconocen como sus representantes por haberse alejado de los problemas que sufren y pasar a formar parte de los mismos.

Si no luchan por sus colectivos ¿son necesarios? Esta es la pregunta que lleva tiempo aflorando entre los abogados y procuradores. Lo deseable sería que los Colegios Profesionales reconduzcan su actuar y asuman su obligación de defender nuestras profesiones. El tiempo será quien nos dé la respuesta.

ROSARIO ALIRANGUES MARLASCA

ABOGADA Y MUTUALISTA AFECTADA

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