El uso de decretos ejecutivos para modificar, en muchos casos de manera abrupta y arbitraria, normativas de larga data, ha generado un intenso debate sobre la separación de poderes y el respeto al Estado de Derecho en el ámbito de la administración norteamericana liderada por Donald Trump. Organizaciones civiles, académicos y entidades internacionales han denunciado que varias de estas medidas vulneran principios fundamentales de igualdad y justicia. En este contexto, es imprescindible realizar un análisis pormenorizado que no solo describa las disposiciones legales introducidas, sino que también evalúe sus consecuencias prácticas en la vida de millones de ciudadanos, en particular de aquellos pertenecientes a comunidades tradicionalmente vulnerables.
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La primera doctrina que se le ocurrió a Donald Trump en su hiperactiva agenda absurda restringe la emisión de visas para ciudadanos de países mayoritariamente musulmanes (por decir alguna nacionalidad), alegando seguridad nacional y generando denuncias de discriminación. La segunda: reduce derechos y beneficios a la comunidad LGBTQ+; según Donald, los transexuales deben entender que, hasta cierta edad, y en determinadas áreas y circunstancias muy específicas: no les será permitido bajo ningún concepto, ser ellos mismos. Hay que ser comprensivos con Donald, él invoca valores tradicionales basados en la Biblia y salpicados de los dólares del neoliberalismo. Al parecer, ha ocurrido la extraña coincidencia de que nadie en su linaje es maricón. Menos mal que los homosexuales no abortan porque a Donald, tampoco le gusta matar fetos. La tercera: se recrea en autorizar la reubicación forzada de comunidades conflictivas, ya sea de Gaza o de México e incluso si me apuras, de Groenlandia, limpiando a lo bestia a minorías étnicas y grupos vulnerables, todo depende de cómo Donald se levante ese día. La cuarta: establece controles arbitrarios sobre medios de comunicación críticos con Donald o para decirlo en plata, cualquier medio que no sea afín a su egocentrismo, sufrirá una exigua libertad de prensa. En el mejor de los casos. La quinta: ordena la remoción o reestructuración de funcionarios públicos minoritarios, bajo pretexto de eficiencia administrativa porque considera que dichos funcionarios pueden traer las taras de Biden y Donald no es tonto, quiere crear su propia pirámide. La sexta: restringir al máximo el acceso laboral a los inmigrantes documentados y poner fin a la nacionalidad por nacimiento a niños con padres sin papeles. Los indocumentados capturados, son encadenados y trasladados a Guantánamo, con la argucia de que son criminales, sin embargo, muchos de ellos no han sido juzgados. Es mejor ser un mono en la era Trump que un indocumentado. Menos mal que Melania es eslovena y Musk, sudafricano. Así están las cosas, con todo respeto a los animalistas. La séptima: abandonar cualquier organización que sea regida mínimamente por el sentido común como por ejemplo la OMS. Donald tiene un sistema sanitario cruel, mercantilista e injusto, es normal que abandone la OMS. La octava: Donald considera que si le cambia el nombre al Golfo de México, tal hecho evitará que siga siendo el Golfo de México. Es cierto que si los mexicanos aceptan esto, será porque están presionados por los aranceles. La novena: Donald ha declarado una emergencia energética a medida que es compatible con seguir haciendo fracking si no hay suficiente oro negro en el mercado que siga llenando de plásticos nuestros mares. Donald considera que el cambio climático no es asunto suyo porque hará America Great Again a cualquier precio.
La utilización de decretos ejecutivos como mecanismo para introducir cambios abruptos y en ocasiones discriminatorios evidencia un peligroso debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos. La concentración de poder en el Ejecutivo y la politización de instituciones clave, como el Poder Judicial y los organismos de control, generan un clima de incertidumbre jurídica y social que pone en riesgo la integridad democrática del país.
En definitiva, la polémica suscitada por estos decretos-doctrinas invita a una reflexión profunda sobre el equilibrio entre seguridad y respeto a los derechos fundamentales de todos nosotros. La vigencia del Estado de Derecho depende, en última instancia, de la capacidad de la sociedad y de sus instituciones para garantizar que toda medida gubernamental se ajuste a los principios de justicia, igualdad y respeto a la diversidad. Frente a este panorama, la comunidad internacional y los defensores de los derechos humanos si quieren paz, deben prepararse para la guerra.
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