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España emprendedora: anatomía crítica de un ecosistema que avanza pero no arraiga de la mano de Pedro Sánchez

El discurso político de Pedro Sánchez suele vender el emprendimiento como una épica contemporánea que está dada per se dado su tendencia izquierdista conveniente con algunos principios y valores acogidos por la Constitución Española: individuos dispuestos a desafiar inercias, generar riqueza y mover un país hacia adelante, ajenos a los complejos ultras nacidos de la mala muerte de la ignorancia manifiesta de grupúsculos sin voluntad que autoinmolan restando derechos, cuya voluntad no es ser, sino saber que significa “Ser”. Desde que Pedro Sánchez ocupa la presidencia, España se ha sumado a esa retórica con un marco normativo ambicioso y una promesa recurrente: convertirnos en un país donde levantar una empresa no sea un acto heroico, sino una opción razonable, en el mejor de los casos.

Sin embargo, la realidad económica rara vez se entrega al optimismo de la calle, incluso siendo muy optimista, sigue estando en jaulas de cristal pagadas a buen precio. Entre las leyes recién estrenadas, los datos macroeconómicos y el pulso financiero de fondo, se advierte una tensión que define el verdadero paisaje del emprendedor español: un impulso creciente para nacer, acompañado de una fragilidad persistente para sobrevivir.

Con la aprobación de la Ley de Startups en 2022, el Gobierno transmitió una señal clara: España desea atraer talento, inversión y proyectos de base tecnológica. Simplificación de trámites, incentivos fiscales, facilidades para captar especialistas extranjeros… el envoltorio, en apariencia, invita a imaginar un ecosistema más fluido.

Pero una ley no altera por sí sola el metabolismo económico de un país.
La norma resuelve la entrada, pero no garantiza el viaje. La administración facilita el comienzo; el mercado, en cambio, exige capacidad de resistencia. Y ahí es donde la distancia entre intención política y realidad empresarial se vuelve evidente.

Las estadísticas recientes del INE muestran un fenómeno llamativo: las creaciones de sociedades mercantiles alcanzaron sus mejores cifras desde antes de la crisis financiera, reflejando un apetito empresarial que parecía adormecido. A primera vista, este dato podría interpretarse como un brote de dinamismo.

Pero cuando se observa el volumen de capital con el que arrancan esas empresas, la euforia se desinfla. El capital inicial medio se ha reducido de forma contundente. Crecen las sociedades, se multiplican los CIF, pero con músculo económico más escaso. Nacen empresas, sí, pero nacen delgadas, vulnerables, expuestas a cualquier sobresalto del ciclo económico.

Paralelamente, el número de disoluciones ha aumentado. Es un paralelismo inquietante: mientras el país celebra su capacidad para generar iniciativas, asume a la vez que muchas de ellas son efímeras, casi experimentales, sin capacidad real de consolidarse.

El resultado es un ecosistema donde la velocidad de entrada supera a la de supervivencia, y eso dice más del modelo que de los discursos.

Para cualquier empresa en fase temprana, la financiación marca la frontera entre continuidad y desaparición. En este terreno, España vive un movimiento pendular: los periodos en los que la inversión en capital riesgo se dispara conviven con momentos de contracción brusca.

En los últimos registros disponibles, el flujo de inversión muestra fases de auge —con repuntes superiores al 20 % en algunos tramos— pero también descensos significativos respecto al año anterior. Hay dinero, pero no siempre está dispuesto; hay fondos, pero no siempre arriesgan; hay interés exterior, pero depende del clima financiero global más que de la estabilidad doméstica.

Este vaivén coloca al emprendedor español en una situación peculiar: puede ser que un año todos quieran invertir en su proyecto y que, al siguiente, nadie esté dispuesto siquiera a escucharlo, no por la calidad de su idea, sino por ajustes coyunturales, por la volatilidad de los mercados o por decisiones tomadas en despachos de otros países.

El ecosistema depende demasiado de la liquidez internacional y poco de un tejido inversor nacional robusto. Esa dependencia convierte al emprendedor en rehén de ciclos que no controla. Si un observador externo mirara únicamente los indicadores de constitución de empresas podría pensar que España se encuentra en plena efervescencia creativa. Pero un análisis más profundo revela que el crecimiento cuantitativo no se traduce en fortaleza cualitativa.

El país produce muchas empresas, pero pocas alcanzan masa crítica. Faltan escaladores, sobran supervivientes. El entorno favorece “probar”, pero no tanto “crecer”. Esto genera una paradoja: España es fértil para el arranque, pero hostil para la maduración. Un vivero generoso con sus semillas, pero austero con su suelo. Tras analizar el marco legal, la demografía empresarial y la dinámica financiera, emergen problemas estructurales: No existe un sistema sólido que acompañe a las empresas en su tramo más duro: cuando ya han nacido, pero aún no pueden acceder a grandes rondas. Se necesitan instrumentos híbridos —créditos blandos, coinversión público-privada, fondos puente— que permitan resistir dos o tres años de incertidumbre. Los incentivos actuales favorecen el despegue inicial, pero no recompensan la reinversión, la expansión de plantilla o la internacionalización, que son los pasos que realmente convierten a una empresa en tejido productivo estable.

España carece de una red amplia de inversores locales con capacidad y paciencia. La consecuencia es un sistema profundamente vulnerable a cambios en EE. UU., Reino Unido o los grandes fondos globales. Un país no puede construir soberanía económica sin desarrollar su propio mercado de riesgo. El Gobierno de Sánchez ha impulsado reformas que, sin duda, mejoran el punto de partida del emprendedor español. Sería injusto negarlo. Hay más facilidad para constituir una sociedad, existe un marco específico para startups y se ha generado un lenguaje de país orientado a la innovación. Pero también sería ingenuo ocultar la otra mitad del cuadro: el emprendimiento en España sigue siendo un trayecto inestable, sostenido tanto por la voluntad de los creadores como por una economía que aún no ha resuelto sus vacíos estructurales. El capital riesgo aparece y desaparece como una marea imprevisible. La mortalidad empresarial continúa elevada. Y la consolidación, que es el verdadero indicador de un ecosistema sano, avanza con demasiada lentitud. España vive un momento de transición: una especie de fase beta en la que abundan los proyectos, sobran las ganas y el marco legal quiere adaptarse a un mundo nuevo. Pero sin una estructura financiera sólida, sin incentivos a la permanencia y sin mecanismos de fortalecimiento, el riesgo es producir un país de iniciativas breves, brillantes y volátiles.

Para que el emprendimiento deje de ser un salto al vacío y se convierta en una opción vital sostenible, España deberá pasar de la retórica a la estructura, de la puerta abierta al camino firme, de la promesa normativa a la madurez económica.

Hasta que eso ocurra, el emprendedor seguirá caminando en un borde estrecho: un espacio donde conviven el entusiasmo y la precariedad, la ambición y el cansancio, la invención, el miedo y la cultura, en el mejor de los casos. Un espacio que, pese a todo, sigue siendo —tal vez por instinto humano, tal vez por terquedad— la zona donde se imagina el futuro, un futuro mejor.

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