
Antes que nada, conviene abordar la naturaleza misma del manifiesto presidencialista cultural a favor de Pedro Sánchez: no se trata de un texto informativo ni de una declaración institucional, sino de un gesto performativo de denuncia. Al firmar públicamente, las figuras culturales involucradas no solo emiten un juicio político, sino que se implican corporalmente en el conflicto. El acto de firmar, cuando proviene del ámbito cultural, cobra un valor simbólico que excede lo argumentativo: es una toma de posición estética y ética. Por tanto, el manifiesto debe leerse no solo por lo que dice, sino por lo que representa: una apelación a la conciencia colectiva desde el prestigio acumulado del mundo cultural de izquierdas.
En este sentido, su forma breve, directa, coral, refuerza su eficacia política. No hay divagación. No hay doctrina. Hay una llamada de auxilio contra lo que los firmantes consideran un peligro grave para la estabilidad democrática: el uso creciente de resortes judiciales y mediáticos para deslegitimar al gobierno sin pasar por las urnas.
Uno de los rasgos más llamativos del manifiesto que pone en valor a Pedro Sánchez, es su decisión de no citar nombres propios, sino estructuras. Se alude, sin concretar del todo, a “sectores del poder judicial”, a “determinados medios de comunicación”, a “altas jerarquías eclesiásticas”. Este movimiento, aparentemente ambiguo, es una jugada deliberada: no se busca personalizar el conflicto, sino visibilizar una red de influencias que opera desde la sombra institucional. El manifiesto habla del “poder que no se somete al voto”, del “poder que no rinde cuentas” y que, sin embargo, puede condicionar la vida democrática de un país. Esta crítica, aguda y provocadora, remite a una idea de fondo: en democracia, todos los poderes deben estar sujetos al principio de responsabilidad pública, incluida la judicatura y la prensa.
Este punto ha sido polémico y lo seguirá siendo, porque cuestiona el mito liberal de la neutralidad institucional. El manifiesto, al denunciar una ofensiva coordinada contra el Ejecutivo, rompe la convención según la cual las decisiones judiciales y los editoriales mediáticos deben leerse como expresión de la objetividad o del “equilibrio de poderes”. Según los firmantes, lo que se está gestando no es un control legítimo del poder, sino un intento ilegítimo de suplantarlo.
Uno de los aspectos más significativos del texto es su reivindicación del papel del arte y la cultura como fuerzas activas dentro del debate democrático. No se trata aquí de figuras del espectáculo tomando partido coyuntural, sino de una genealogía de compromiso intelectual que hunde sus raíces en la historia reciente de España. La cultura —dice el manifiesto sin decirlo— ha sido motor de transformación social y no puede permanecer neutral cuando se juega la dignidad de las instituciones y de las personas.
En este sentido, el documento que en cierta manera alimenta el mito del presidente herido que acaba victimizando a Pedro Sánchez, propone una ética de la voz: quienes han construido su prestigio sobre la libertad de expresión, la creación crítica y la reflexión estética, no pueden guardar silencio cuando supuestamente, la democracia es objeto de asedio simbólico. Esta postura devuelve al mundo cultural su vocación pública. No son “famosos” opinando: son sujetos políticos haciendo valer una responsabilidad histórica.
Sin embargo, el manifiesto que quiere arropar a un Pedro Sánchez asediado por la corrupción manifiesta y que no para de pedir disculpas, el pobre, no está exento de puntos ciegos. Al adoptar un tono de defensa cerrada del Gobierno de Sánchez, corre el riesgo de confundir la crítica legítima con el ataque reaccionario. La línea entre ambos es sutil, y una democracia robusta necesita voces que también señalen los errores de los suyos. El texto incurre a veces en una dicotomía excesiva: los demócratas versus los desestabilizadores, los votantes versus los jueces, la razón versus el prejuicio. Este esquematismo puede cerrar la puerta a voces disidentes que, sin ser reaccionarias, desean una revisión de ciertas políticas, decisiones o alianzas del gobierno.
Asimismo, el texto incurre en una cierta mitificación del presidente y de su entorno, como si el desgaste que sufre solo pudiera explicarse por una campaña exterior. No se atiende en profundidad a la posible responsabilidad propia en la crisis institucional. Aunque se reconoce “ciertos errores”, la mención es tibia, muy tibia. El riesgo es que la cultura se convierta en escudo simbólico de un proyecto político específico, en lugar de ser un espacio transversal de crítica democrática.
Más allá de sus aciertos o limitaciones, lo que este manifiesto sanchista en toda regla pone sobre la mesa es una preocupación transversal: el deterioro de las condiciones mínimas para el diálogo público. Denuncia el linchamiento como estrategia. Denuncia el descrédito como arma política. Denuncia la saturación informativa como forma de intoxicación emocional. Y frente a ello, propone una ética de la lentitud, del juicio justo, del respeto a los procedimientos democráticos. En una época donde la política se ha convertido en espectáculo y el juicio en condena mediática, el manifiesto reclama una pausa para pensar, una tregua para deliberar.
No es, por tanto, un documento ideológico en sentido estricto, sino existencial: se sitúa en el umbral donde el lenguaje político se agota y solo el gesto cultural puede rescatarlo de su degradación, esto es muy pretensioso, demasiado pretensioso. Pero también es cierto que es un buen golpe de efecto contra la derecha que bebe de la ultraderecha de la mano de Feijóo y de todos los secuaces de Abascal. Este manifiesto es claramente un tibio golpe en la mesa política, con colores de Almodóvar, melodías edulcoradas de Ana Belén y gritos roncos de metáforas brillantes de Serrat o Miguel Ríos, quiero decir, la cultura se auto inmola sin sentido crítico, y eso trae como consecuencia: polarización, por favor; como si en la derecha no existiesen grandes artistas que no comulgan con el señor Sánchez. Es una campaña encubierta de populismo puesto con cuña. Yo siendo Feijóo sacaba mi propio manifiesto y así, el tú más, llegaría a fuegos de artificio que podrían ver, desde el privilegiado palco donde se sientan los rojitos culturetas de toda la vida, el mundo pasar. Es un movimiento de última hora, planificado al dedillo, para enraizar la doctrina de izquierdas en la cultura contemporáneas con acérrimos referentes sin mácula. Pedro Sánchez ha recurrido a su pandi de rojos ricos y les ha exhortado a lanzarse a la arena política. Él, cual César decadente, se enorgullece de verles en la arena movediza, repleta de gladiadores siniestros de disímiles colores políticos.
El manifiesto marca un momento singular en la relación entre cultura y poder en España. Más que una consigna, es una advertencia: la democracia, para sostenerse, necesita no solo leyes, sino relatos; no solo votos, sino voces que recuerden por qué vale la pena protegerla. En esa tensión entre la política como gestión y la cultura como conciencia, este texto interviene con fuerza, aunque no sin riesgo. Porque tomar partido también significa exponerse. Y, en tiempos oscuros, eso es precisamente lo que se espera de quienes alguna vez dijeron que el arte sirve para algo más que entretener: para dar la cara cuando todo lo demás calla.
MANIFIESTO
I.– El ataque, desde todos los frentes conservadores y reaccionarios, a Gobierno de coalición progresista y su presidente se asemeja más a una conspiración para derribar a un gobierno legítimo, que a la crítica política propia en un sistema democrático. No se trata sólo de la descalificación desde el inicio de la legislatura por parte de unas derechas que han puesto en cuestión el resultado electoral, siguiendo la senda de los Trump yBolsonaro, sino que las incriminaciones y calumnias han alcanzado niveles desconocidos en los parlamentos europeos. Desde “gobierno criminal”,“ mafioso”, “capo de la mafia” hasta “gobierno de corruptos”, que solo puede generar odio en la sociedad, germen de la violencia. Los ataques a las personas migrantes y la vandalización de las sedes de partidos de izquierda recuerda las agresiones fascistas de épocas pasadas.
II.- Sin embargo, la ofensiva y derribo del Gobierno no se han quedado enmeras palabras, sino en la activación y movilización de todos los sectores depoder, institucional o no, que existen en el ámbito conservador. El Senadose utiliza como ariete, contraponiéndolo por sistema al Congreso, y escentro de “comisiones de investigación” que sólo pretenden incriminar alGobierno. Sectores del poder judicial organizan concentraciones y huelgas,fuera de la legalidad, contra leyes del Congreso que no les gustan —la amnistía, la reforma de la justicia— cuando esta última no ha sido aún aprobada. Jueces y magistrados abren prolongadas investigaciones, con endebles bases probatorias, mientras la oposición deslegitima al Tribunal Constitucional porque no comparte la sentencia sobre la amnistía. Una parte muy importante de los medios de comunicación y redes sociales han desatado una orgía de falsas noticias o medias verdades con el fin de crear un clima político irrespirable, que no se compadece con la situación del país.
Un sector de la jerarquía de la Iglesia, con el presidente de la Conferencia Episcopal a la cabeza, violando la neutralidad política, solicita nada menos que la celebración de elecciones generales en apoyo claro de las posiciones de las derechas. Todo ello en medio de dos guerras en Ucrania y Oriente Medio, con un presidente de EEUU que amenaza a España con represalias comerciales por haberse opuesto a un irresponsable aumento del gasto en defensa. Ni tan siquiera en esta cuestión las derechas y sus corifeos han tenido la vergüenza de apoyar la posición de España.
III.- De otra parte, se oculta por sistema o se informa sesgadamente sobre los avances del Gobierno de coalición en materia económica y social. El país que más crece, con diferencia, de la UE, con una población laboral la más alta de la historia, la mitad mujeres; con el mayor aumento del salario mínimo y de las pensiones; con una reducción de la temporalidad laboral en 20 puntos, al tiempo que se tergiversa el hecho esencial de la estabilidad política de Cataluña, como consecuencia de medidas de gracia constitucionales plenamente justificadas.
IV.- La Constitución de 1978 es meridiana al respecto. El presidente del Gobierno fue investido por un periodo de cuatro años y tiene legitimación constitucional para seguir gobernando otros dos. La caída del Gobierno sólo es posible por el éxito de una moción de censura o la celebración de elecciones, si las convoca el presidente del Ejecutivo. Ninguna de las dos opciones se ha dado hasta el momento. Pretender acortar la legislatura por otros métodos supondría un golpe inconstitucional. Aquellos que solicitan que se celebren ya elecciones, sean de derechas o de izquierdas, lo único que desean es que llegue un gobierno de las derechas PP/Vox. Es evidente que los supuestos delitos cometidos por exsecretarios de organización del PSOE son graves y denotan crasos errores in eligendo e in vigilando. Sin embargo, es inadmisible que un Gobierno, democráticamente elegido, caiga por un informe de la Guardia Civil, antes de celebrarse un juicio con todas las garantías en el que se acreditase la responsabilidad de la presidencia o del partido afectado.
V.- En consecuencia, manifestamos nuestro apoyo a la continuidad de la legislatura, encabezada por el Gobierno de coalición progresista, con un programa actualizado de medidas contundentes y concretas contra la corrupción, con avances sociales y en derechos civiles, que mejoren la vida de la ciudadanía.
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