La represión de la homosexualidad en España durante el franquismo no fue ni azarosa ni marginal: fue sistemática, ideológica y cruel. Basado en una moral nacionalcatólica ultraconservadora, el régimen construyó una noción rígida de “normalidad” donde cualquier desviación sexual era concebida como una amenaza al orden social, espiritual y patriarcal. El Estado se arrogó el derecho de intervenir en la vida íntima de los ciudadanos, confundiendo moral con legalidad, pecado con delito.
Desde 1933 existía en el Código Penal el concepto de “escándalo público”, una figura ambigua que permitía encarcelar a homosexuales sin necesidad de que se probara ningún delito real. Pero sería con la Ley de Vagos y Maleantes, reformada en 1954 para incluir explícitamente a los “homosexuales”, cuando se institucionalizó la persecución legal. Esta ley permitía el internamiento en campos de trabajo, colonias agrícolas o instituciones psiquiátricas, no como castigo penal sino como “medida de seguridad”. La orientación sexual no era vista como una condición humana, sino como una patología peligrosa.
Ubicada en el corazón de Fuerteventura, una isla árida y despoblada, la colonia agrícola de Tefía fue inaugurada en 1954 en una antigua base militar abandonada. El aislamiento geográfico no era casual: el régimen quería que los allí internados quedaran borrados del mapa, invisibilizados, despojados de vínculos, lejos de los ojos civiles y del bullicio urbano. Un infierno al que solo se llegaba por castigo, del que solo se salía —si se salía— con el cuerpo y la voluntad fracturados.
Tefía funcionaba oficialmente como un centro de “reeducación”, pero en la práctica era un campo de trabajo forzado con rasgos de campo de concentración. Las condiciones eran extremas: calor abrasador durante el día, frío cortante por la noche, raciones escasas, ausencia de atención médica, jornadas laborales interminables, y lo peor: un sistema de humillaciones físicas y psicológicas concebido para quebrar el espíritu.
Los internos —mayoritariamente hombres detenidos por su orientación homosexual, pero también transeúntes, gitanos, mendigos o prostitutas— eran obligados a realizar trabajos agrícolas improductivos, como cavar hoyos que luego debían rellenar, o levantar muros inútiles. La finalidad no era la productividad, sino el castigo.
Muchos supervivientes relataron años después las formas de tortura empleadas: palizas rutinarias, baños helados, aislamiento prolongado, negación del sueño, violaciones encubiertas por la autoridad, y un mecanismo sistemático de humillación pública. La “cura” de la homosexualidad pasaba por el castigo corporal y la destrucción del yo.
Los testimonios recabados por investigadores y asociaciones de memoria histórica coinciden en que Tefía fue un experimento totalitario de aniquilación subjetiva: no se trataba solo de castigar a los cuerpos, sino de borrar las identidades. A los internos no se les llamaba por su nombre. Perdían sus papeles. Pasaban a ser simplemente “el maricón número tal”. El lenguaje era parte de la violencia: “invertido”, “desviado”, “vicioso”, “pederasta”, eran términos que la propia administración judicial y carcelaria empleaba sin distinción.
En 1970, la Ley de Vagos y Maleantes fue sustituida por la Ley de Peligrosidad Social, que mantenía la penalización de la homosexualidad. Esta ley no fue derogada sino hasta 1979, cuatro años después de la muerte de Franco. Durante todo ese tiempo, la homosexualidad continuó tratándose como una amenaza pública. Y, lo que es aún más grave, tras la transición, los homosexuales represaliados no fueron considerados presos políticos ni se beneficiaron de las leyes de amnistía ni de reparación.
La democracia naciente optó por el pacto del olvido: la historia de Tefía no fue incluida en los currículos escolares, ni en los relatos oficiales de la memoria democrática. Solo en las últimas dos décadas, gracias al esfuerzo de activistas, periodistas e investigadores como Miguel Ángel Sosa Machín o Ramón Martínez, y al testimonio de víctimas como Miguel Ángel Sánchez, se ha comenzado a documentar con seriedad lo ocurrido en ese rincón olvidado del archipiélago.
Tefía hoy: memoria o espectáculo
En los últimos años, el tema ha cobrado relevancia mediática, especialmente tras la serie ‘El corazón del volcán’ y proyectos documentales centrados en la memoria de los internos. Si bien esto ha dado visibilidad a un capítulo negado durante décadas, también plantea tensiones: ¿qué significa hacer arte con el trauma? ¿Puede una serie de ficción restituir el dolor de los vivos y el silencio de los muertos? ¿Dónde está la línea entre la divulgación necesaria y la estetización del sufrimiento?
Lo cierto es que el Estado español aún debe una reparación formal a las víctimas de Tefía. No basta con homenajes aislados o placas conmemorativas: es preciso reconocer la especificidad de la represión sexual en el franquismo, garantizar la inclusión de estos crímenes en la Ley de Memoria Democrática, y ofrecer compensaciones simbólicas y materiales a los supervivientes y sus familias.
Tefía fue un laboratorio del horror, donde se ensayó la forma más íntima y perversa de violencia política: la persecución del deseo. En sus muros resecos y su tierra erosionada quedaron atrapadas vidas que el Estado decidió marcar como indeseables. Hoy, la memoria de Tefía no es solo un deber histórico, sino una advertencia contemporánea. Allí donde el Estado legisla el deseo, donde se criminaliza la diferencia, donde se silencian las voces disidentes, vuelve a nacer la sombra de Tefía.
Mientras no haya justicia para quienes fueron rotos en nombre de la moral, la democracia seguirá incompleta. Recordar Tefía no es mirar atrás: es vigilar el presente.
