Comunismo o libertad fue el eslogan de una campaña y el lema de una polarización. Hoy, más allá del simplismo, vuelve a asomar como metáfora de algo más serio: la tensión entre proteger las instituciones democráticas o asfixiarlas con sus propias reglas.
El Congreso de los Diputados ha aprobado una nueva normativa para regular la actividad de los periodistas acreditados en su interior. Y sí, lo decimos sin rodeos: hacía falta una regulación. Lo que en teoría debería ser un espacio para el ejercicio riguroso del periodismo parlamentario llevaba tiempo siendo utilizado por ciertos perfiles como escenario para el show, el acoso y la provocación. Todos conocemos los nombres. Vito Quiles es el más visible, pero no es el único.
Lo que estos personajes hacen no es periodismo. Es otra cosa: un híbrido de agit-prop y búsqueda de viralidad. El Congreso no puede ni debe tolerar que su sala de prensa se convierta en una trinchera de insultos y ataques disfrazados de preguntas. Que haya por fin un protocolo sancionador —con infracciones leves, graves y muy graves— no es censura, es higiene democrática. Que se delimite el uso del espacio institucional, que se exija respeto en las ruedas de prensa y que se prohíban grabaciones no consentidas en lugares sensibles, es una señal de madurez. Hasta aquí, de acuerdo.
Pero el problema —porque lo hay, y es serio— no está en el fondo, sino en uno de sus detalles más lesivos: la exigencia de que un medio tenga al menos 10 trabajadores para poder acreditar a periodistas en el Congreso.
Esta cláusula, camuflada bajo una apariencia de profesionalización, es una poda selectiva del pluralismo. Excluye de facto a una parte importante del ecosistema mediático, particularmente a medios digitales, iniciativas independientes, periodismo local o proyectos cooperativos. Aquellos que, con poco personal y mucho rigor, han sido durante años los únicos en contar historias que los grandes medios ignoraban o no podían —o no querían— cubrir.
Si se tratara de filtrar comportamientos inaceptables, bastaría con aplicar sanciones por conducta. Pero esto es otra cosa: es un criterio económico, estructural, que castiga el tamaño y no el contenido. El mensaje es claro: solo podrán entrar los que puedan pagar una redacción de cierto volumen. Y si no puedes, aunque seas honesto, riguroso y profesional, te quedas fuera. ¿Desde cuándo el periodismo se mide en número de empleados?
Hay una ironía trágica en todo esto: mientras se intenta expulsar del Congreso a los “agitadores” con acreditación, se termina expulsando también —aunque sea por la puerta de atrás— a voces legítimas y necesarias. Y todo esto, aprobado por una mayoría progresista, con el respaldo de quienes, en teoría, más deberían defender la diversidad mediática.
¿Queremos un Congreso sin Vito Quiles? Sí. Pero no a cambio de un Congreso donde solo entren los grandes grupos mediáticos.
Y aquí viene la segunda reflexión. Hoy esta norma se aprueba con el argumento de proteger la institución y garantizar el derecho a la información. Pero, ¿y mañana? ¿Qué pasará si el Partido Popular, con o sin VOX, llega al poder y decide mantener esta normativa para aplicarla en otro sentido? Ya no para proteger a los periodistas, sino para elegir cuáles son “los buenos” y cuáles, directamente, “sobran”.
Porque esta norma no tiene fecha de caducidad. Y el arma que hoy se usa para apartar a los provocadores podría ser utilizada mañana para eliminar a los incómodos. Basta con girar ligeramente el concepto de “falta de respeto” o reinterpretar el “uso indebido del espacio”. Basta con que una Mesa del Congreso —que siempre será política— decida que tal o cual medio no cumple “los criterios mínimos” para estar ahí. Y el pluralismo se convierte en un juego de mayorías. Legal, sí. Pero profundamente antidemocrático.
El problema no es esta normativa en sí, sino la arquitectura de poder que construye: una donde el acceso a la información depende cada vez más de tu estructura empresarial, tu línea editorial o tu utilidad política. Una donde los medios que se cuelan por los márgenes, que no tienen padrinos ni nóminas amplias, quedan condenados al exilio informativo.
Por eso, aunque saludamos el intento de poner orden —y lo hacemos con convicción—, rechazamos frontalmente esta cláusula elitista que hace pasar por profesionalismo lo que en realidad es una forma sutil de exclusión. Y por eso también creemos que el progresismo parlamentario comete un error histórico si cree que esto quedará en sus manos para siempre. La democracia no se construye blindando instituciones solo cuando el viento sopla a favor. Se construye pensando también en cuando sople en contra.
Hoy toca preguntarse: ¿qué pasará si un gobierno conservador aplica esta norma con otros criterios? ¿Qué periodistas serán vetados entonces? ¿Qué medios quedarán fuera no por interrumpir, sino por molestar con sus preguntas?
“Comunismo o libertad”, decían. Pero la verdadera libertad —la que importa— se juega en estos pliegues técnicos, en estas reformas que no hacen ruido, pero que definen el terreno de juego del cuarto poder.
Hoy, el Congreso se protege. Mañana, podría blindarse. Y pasado, quizás, cerrarse. Todo empieza así: con una norma razonable, con buenas intenciones. Hasta que deja de serlo.
