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De abogado a proveedor de servicios jurídicos: 30 años que han transformado la profesión

Quienes comenzamos a ejercer la abogacía a mediados de los años noventa hemos tenido la oportunidad, y también la obligación, de asistir a una transformación extraordinaria de nuestra profesión. En 1995, el despacho de abogados se articulaba fundamentalmente alrededor del profesional. El conocimiento jurídico, la experiencia, la reputación y la relación personal con el cliente constituían sus principales activos. El ámbito geográfico tenía una importancia considerable y el trabajo cotidiano estaba inevitablemente vinculado al papel, al teléfono, al fax y a la presencia física. Treinta años después, ninguno de esos valores ha desaparecido. Pero ya no son suficientes por sí solos.

Por Rosario Alirangues Marlasca, abogada.

La transformación tecnológica quizá sea la manifestación más visible del cambio. Durante años, nuestros expedientes ocuparon archivadores y estanterías; las comunicaciones llegaban por correo o fax y una parte importante de la actividad profesional exigía presencia física.

La implantación de las comunicaciones electrónicas con la Administración de Justicia modificó radicalmente esa realidad. Desde el 1 de enero de 2016 se generalizó para los profesionales de la Justicia la utilización de sistemas telemáticos para la presentación de escritos y la recepción de comunicaciones procesales. Después llegó 2020. La pandemia aceleró en meses una transformación que probablemente habría necesitado años. Videoconferencias, reuniones a distancia, expedientes digitalizados y trabajo remoto pasaron a formar parte de la normalidad profesional.

La consecuencia fue mucho más profunda que sustituir el papel por una pantalla: la geografía comenzó a perder importancia en la prestación de determinados servicios jurídicos. También cambió el acceso a la profesión. El abogado que comenzaba a ejercer en 1995 accedía a una profesión estructuralmente diferente. Posteriormente, la Ley 34/2006 estableció un nuevo sistema de acceso que incorporó formación especializada, prácticas y evaluación para la obtención del título profesional. La norma entró en vigor en octubre de 2011. También ha cambiado profundamente la composición de la abogacía. En 2010 había en España 125.208 abogados ejercientes y las mujeres representaban ya el 40,2 %, mientras que, entre los profesionales con menos de cinco años de antigüedad, constituían el 52,2 %. En 2001 representaban el 32,7 %. La transformación, por tanto, no ha sido solamente tecnológica o normativa. También ha sido generacional y sociológica.

El cliente también ha cambiado

Quizá sea este uno de los cambios menos visibles y, sin embargo, más importantes. El esquema tradicional era relativamente sencillo: el cliente contrata a un abogado. Ese modelo continúa existiendo y seguirá siendo esencial, especialmente en numerosos ámbitos del ejercicio profesional. Pero junto a él ha crecido otra realidad. Aseguradoras, entidades financieras, fondos de inversión, servicers, grandes compañías, plataformas jurídicas y proveedores especializados demandan servicios jurídicos bajo modelos de contratación diferentes.

En determinados segmentos del mercado, el cliente corporativo ya no busca exclusivamente un buen abogado. Busca, además, estructura, disponibilidad, especialización, cobertura territorial, capacidad para absorber volumen, rapidez de respuesta, trazabilidad y reporting. Y esto está modificando la propia organización de los despachos.

Del asunto individual al volumen

Durante buena parte de nuestra historia profesional hemos pensado en términos de expedientes. Un cliente. Un problema. Un procedimiento. Unos honorarios. El mercado corporativo ha introducido otra lógica: la cartera y el volumen. Determinados servicios se contratan mediante tarifas previamente establecidas y márgenes más reducidos, compensados potencialmente mediante la recurrencia y el número de expedientes.

Esto obliga a plantearse una cuestión que tradicionalmente tenía menor relevancia en muchos despachos: la eficiencia. Ya no basta con preguntarnos si sabemos resolver jurídicamente un asunto. También debemos preguntarnos cuánto tiempo necesitamos para hacerlo, qué tareas pueden sistematizarse, cómo distribuimos el trabajo y qué estructura necesitamos para gestionar cien expedientes con la misma seguridad con la que antes gestionábamos diez. El abogado empieza así a asumir una faceta adicional: la de gestor de una organización jurídica.

Y entonces llegó la inteligencia artificial

Probablemente todavía no somos plenamente conscientes de la dimensión de este cambio. La inteligencia artificial generativa permite ya acelerar tareas relacionadas con el análisis documental, la clasificación de información, la comparación de textos, la preparación de esquemas, la revisión contractual o la elaboración de primeras estructuras de trabajo. Pero reducir el debate a si la inteligencia artificial sustituirá o no al abogado probablemente plantea mal la cuestión.

La pregunta más inmediata es otra:

¿Qué diferencia de productividad existirá entre un profesional que sepa integrar correctamente estas herramientas en su trabajo y otro que continúe desarrollando todas las tareas mediante procedimientos tradicionales?

La tecnología puede reducir extraordinariamente el tiempo dedicado a determinadas labores, pero la responsabilidad profesional, la estrategia procesal, el criterio jurídico, la negociación, la relación con el cliente y la decisión final continúan requiriendo intervención profesional. La inteligencia artificial no elimina la necesidad de experiencia. Puede hacer que la experiencia bien utilizada sea más productiva.

Treinta años de experiencia ya no significan treinta años haciendo lo mismo

Esta quizá sea una de las mayores paradojas de nuestra profesión. Un abogado que comenzó a ejercer en 1995 y continúa haciéndolo en 2026 no lleva treinta años ejerciendo exactamente la misma profesión. Hemos vivido reformas procesales profundas, la implantación de nuevas formas de acceso profesional, la digitalización de la Justicia, la desaparición progresiva del expediente físico, la irrupción de las videoconferencias, nuevas formas de contratación de servicios jurídicos y, finalmente, la llegada de la inteligencia artificial.

La experiencia profesional, por tanto, no debería medirse únicamente en años. También podría medirse en capacidad de adaptación. El abogado de 2026 también necesita pensar como empresario. Esta evolución conduce, en mi opinión, a una conclusión. El conocimiento jurídico continúa siendo el fundamento de nuestra profesión. Sin él no existe abogacía. Pero el despacho moderno necesita añadir otras capacidades: organización, tecnología, especialización, gestión de equipos, procesos internos, comunicación, captación, medición de resultados y comprensión de las necesidades del cliente.

Incluso la forma de presentarnos al mercado está cambiando. Una aseguradora puede valorar especialmente nuestra experiencia procesal y los resultados económicos obtenidos. Una empresa inmobiliaria puede buscar cobertura territorial y capacidad para gestionar la recuperación de activos. Una plataforma jurídica puede necesitar disponibilidad inmediata y capacidad para absorber numerosos señalamientos. El abogado es el mismo. La necesidad del cliente no. Comprender esa diferencia probablemente sea una de las claves para competir en el nuevo mercado jurídico.

Lo esencial permanece

Después de tres décadas de transformación, resulta tentador pensar que todo ha cambiado. No es así. Siguen siendo imprescindibles el estudio, el rigor, la independencia, la confianza del cliente, la responsabilidad profesional y la capacidad de defender adecuadamente sus intereses.  Lo que ha cambiado son las herramientas y el entorno en el que debemos hacerlo.

Quizá por ello la evolución de la abogacía entre 1995 y 2026 pueda resumirse de una manera sencilla:

Antes bastaba muchas veces con ser un buen abogado para construir un buen despacho. Hoy sigue siendo imprescindible ser un buen abogado, pero, además, hay que construir una buena organización alrededor de él. Y probablemente el gran reto de los próximos años consista precisamente en eso: incorporar tecnología, estructura y nuevos modelos de prestación de servicios sin perder aquello que convirtió a la abogacía en una profesión basada, ante todo, en la confianza.

Y esta transformación se está produciendo, además, en una profesión cada vez más numerosa. En 2010 había en España 125.208 abogados ejercientes; en diciembre de 2025 eran 154.417, aproximadamente un 23 % más. El dato conduce inevitablemente a otra pregunta: ¿Hay demasiados abogados en España?

La respuesta quizá no dependa únicamente de cuántos somos, sino de cuánto ha crecido el mercado jurídico, qué nuevos servicios han aparecido, cómo están accediendo las nuevas generaciones a la profesión y, sobre todo, si seguimos compitiendo todos por el mismo cliente y de la misma manera.

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