Por Fernando Santiago Riera, Abogado, Gestor Administrativo y Director de Urosa Target Group
Hubo un tiempo en que hablar de vivienda no era sinónimo de angustia. Era simplemente el punto de partida de un proyecto vital. Las parejas jóvenes podían imaginar su futuro en un piso propio, las familias encontraban estabilidad en los barrios donde crecían sus hijos, y los abuelos mantenían la certeza de que sus casas seguirían siendo su refugio hasta el final de sus días.
Hoy esa naturalidad se ha perdido. Lo que debería ser sencillo se ha vuelto casi heroico. Emanciparse antes de los 30 años es una excepción, los barrios tradicionales se vacían de vecinos para llenarse de maletas de paso, y los precios del alquiler parecen hablar un idioma ajeno al de los salarios. No es nostalgia lo que me mueve a escribir estas líneas, sino la convicción de que algo esencial se nos está escapando.
Porque una ciudad sin vecinos permanentes no es una ciudad: es un decorado. Y los decorados, por definición, están huecos.
La raíz del problema
Señalar culpables fáciles nunca resuelve lo complejo. Es cómodo acusar a Airbnb o a la llegada de inversores extranjeros de todos los males, pero la verdad es otra. España no sufre por falta de viviendas, sino por falta de políticas eficaces que las pongan al alcance de quienes las necesitan.
Las cifras lo demuestran: nuestro país es de los que más viviendas por habitante tiene en Europa, pero ocupa uno de los últimos lugares en parque de vivienda social. Apenas un 2–3 % del total, frente a países como Francia o los Países Bajos, que alcanzan entre el 14 y el 30 %. Es decir, no se trata de cantidad, sino de gestión.
A este déficit se suma una burocracia lenta y una normativa rígida que bloquean el desarrollo urbano. Las licencias que deberían resolverse en tres meses tardan más de un año en muchas ciudades. El suelo finalista escasea porque no se ha planificado con visión de futuro. Y mientras tanto, las leyes que se aprueban con grandes titulares terminan siendo parches ideológicos que crean más incertidumbre que soluciones.
Innovación sin demonios
La innovación es parte de la vida urbana y del progreso social. Airbnb y plataformas similares no son demonios, sino herramientas que, con una regulación clara, pueden convivir con el mercado residencial. No podemos negar que han generado nuevas oportunidades económicas para propietarios, barrios y viajeros.
El problema surge cuando esas iniciativas, en lugar de integrarse en un marco ordenado, actúan sobre un terreno sin reglas claras. La responsabilidad no es de quienes innovan, sino de quienes regulan sin visión o deciden no regular en absoluto.
La pregunta no es “¿turismo sí o turismo no?”, sino “cómo garantizar que el turismo y la vivienda residencial puedan coexistir sin expulsar a los ciudadanos de sus barrios”. Y eso no se resuelve con prohibiciones drásticas ni con discursos ideológicos, sino con reglas justas, seguridad jurídica y, sobre todo, más vivienda disponible.
La propiedad privada como pilar
En este debate, hay un principio que no admite concesiones: la propiedad privada. Es el fundamento de la estabilidad económica y social, y el motor que atrae inversión y confianza. Sin propiedad protegida, ningún mercado inmobiliario puede ser saludable.
Por eso considero que la ocupación ilegal es una de las mayores amenazas para nuestro sistema. No es un fenómeno marginal ni una solución de justicia social: es un problema que mina la seguridad, genera miedo y retrasa inversiones. Castigarla con contundencia no es una opción, es una necesidad. Ningún propietario debería esperar meses o años para recuperar lo que legítimamente es suyo.
Una sociedad que normaliza la ocupación ilegal está dinamitando la base misma de la convivencia. Porque la confianza en que lo tuyo está protegido es lo que permite, precisamente, que otros inviertan, construyan y pongan más vivienda al alcance de todos.
Soluciones: menos ideología, más eficacia
La crisis de vivienda no admite atajos ni consignas fáciles. Necesita decisiones valientes, sostenidas en el tiempo y libres de la trinchera política. Algunas de las claves son evidentes:
- Agilizar la ley del suelo, simplificando procedimientos y reduciendo plazos de licencias a meses en lugar de años.
- Apostar por la colaboración público–privada para aumentar el parque de vivienda asequible. No se trata de monopolios estatales, sino de incentivar a quienes construyen y alquilan en condiciones justas y estables.
- Regular con firmeza el alquiler turístico, limitándolo en zonas saturadas y protegiendo el mercado residencial, pero sin ahogar la innovación ni criminalizar a quienes invierten.
- Defender la propiedad privada sin fisuras, endureciendo la respuesta contra la ocupación ilegal y garantizando a los propietarios la tranquilidad de que lo suyo está protegido.
Estas medidas no solo aliviarían la presión sobre el mercado, sino que devolverían confianza a los ciudadanos. Y la confianza es el verdadero cemento de cualquier política de vivienda.
Una visión de futuro
Las ciudades del futuro no deben ser parques temáticos diseñados para el turismo ni escaparates para las redes sociales. Deben ser, ante todo, espacios de vida y pertenencia. Barrios donde los jóvenes puedan emanciparse, donde las familias encuentren estabilidad y donde los mayores sigan sintiéndose parte de una comunidad.
Para lograrlo, necesitamos políticas que trasciendan legislaturas, que no dependan del color político de turno y que pongan el foco en lo esencial: construir más vivienda, proteger la propiedad privada y devolver la seguridad jurídica a propietarios e inquilinos.
La vivienda es un derecho, sí, pero también una responsabilidad compartida. Y esa responsabilidad exige reglas claras, instituciones firmes y una visión que mire más allá de los próximos cuatro años.
Al final, lo que defendemos no son solo paredes y techos, sino la posibilidad de pertenecer a un lugar. La certeza de que cada persona puede construir su vida sin miedo a ser expulsada de ella por precios desorbitados, por leyes ineficaces o por la ocupación ilegal.
Si algo debemos recuperar es esa idea simple y poderosa: que la vivienda es hogar, comunidad y futuro. Y para protegerla, debemos atrevernos a cambiar lo que no funciona, defender lo que nos pertenece y abrir las puertas a la innovación que suma en lugar de restar.
