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Las oposiciones judiciales y las expectativas de cuatro mujeres que luchan con vehemencia por conseguir un equilibrio

En España, el acceso a la carrera judicial está marcado por un sistema de oposiciones que, aunque históricamente ha garantizado una cierta objetividad y transparencia, se ha convertido en un elemento cada vez más cuestionado por su desconexión con la realidad social. El perfil profesional que resulta de este sistema contrasta, en muchos aspectos, con las competencias y cualidades que la sociedad demanda actualmente de los jueces, magistrados y simpatizantes de ámbito jurídico. Este artículo contiene cuatro imágenes de mujeres de distintos ámbitos geográficos que asentadas en España, intentan abrirse camino en la carrera judicial, con todas las problemáticas que conlleva ser mujer, ser inmigrante y poder entender un sistema jurídico ajeno a sus países de origen. La imagen que encabeza este artículo corresponde a Mei Ling , nacida en China en la región autónoma de Xinjiang. Llegó a España cuando tenía 3 años gracias a la adopción de una familia de Toledo, su sueño siempre ha sido ser fiscal, actualmente está a punto de conseguirlo gracias a una vocación sin fisuras y una férrea disciplina. No es muy partidaria de la política de Xi Jinping porque denota un régimen totalitario, con culto excesivo-enfermizo a la personalidad del héroe y que limita de manera arbitraria la libertad de expresión de 1.409.670.000 de habitantes autóctonos del Gigante Asiático: “Xi Jinping lleva en el poder desde 2012 y puede ser reelegido con descaro como presidente, sistemáticamente y sin restricciones de mandato, a mí, honestamente, esto me parece no solo poco democrático sino bochornoso sustentado con las ínfulas de una dictadura post-comunista enmascarada con la economía de mercado y la eficiencia de los tecnócratas afines al régimen”, sentencia Xi Jinping, sin despeinarse. Las imágenes han sido generadas por IA para preservar la identidad de las participantes y de paso, preservar la ley de protección de datos.
Genya Petrova nació en el seno de una familia rica de Moscú hace 50 años en el ámbito de la exclusiva Barvikha. Cursó Magisterio con honores y trabajó durante un largo periodo de tiempo como doctora en Filología Hispánica en la Universidad Estatal de Moscú, hasta que todo se torció cuando se enamoró de una mujer y Putin le hizo la vida imposible. Genya Petrova es una inmigrante rusa en España que está a punto de presentarse a las oposiciones para Juez en la Ciudad Autónoma de Melilla. Ha sido increpada con violencia en plena calle por ser “rusa”, ha sufrido acciones muy violentas nacidas en la “ruso-fobia” heredera de la guerra en Ucrania.

Las oposiciones a la carrera judicial y fiscal consisten principalmente en superar una serie de exámenes orales y escritos, centrados en la memorización literal de un temario amplio —que incluye Derecho Civil, Penal, Procesal, Constitucional, Administrativo, entre otros—. El proceso puede extenderse durante años y exige una dedicación casi exclusiva. Este modelo premia la capacidad memorística, la resistencia psicológica y la constancia, pero deja en segundo plano otras habilidades cruciales para el desempeño judicial moderno.

En consecuencia, los aspirantes que logran superar esta carrera de fondo suelen presentar un perfil técnico muy sólido desde el punto de vista del conocimiento jurídico, pero no necesariamente cuentan con experiencia práctica en la aplicación del derecho, ni con competencias como la empatía, la comunicación efectiva, la inteligencia emocional o la comprensión del contexto social y humano que rodea los conflictos legales.

Alika es nigeriana y aún se está recuperando emocionalmente de la “ablación del clítoris” que sufrió cuando era una niña, de la mano de un familiar cercano. Está de paso en España haciendo un máster en jurisprudencia europea coordinado por la embajada de la República Democrática del Congo.

En las últimas décadas, la sociedad española ha experimentado una transformación profunda en su visión sobre la justicia. El auge de los medios de comunicación, la digitalización de la información y la creciente conciencia sobre los derechos individuales y colectivos han elevado las expectativas de los ciudadanos respecto al papel de los jueces.

Hoy en día, no se espera únicamente que un juez “sepa Derecho”, sino que entienda el impacto humano de sus decisiones, actúe con sensibilidad social y sea capaz de comunicar con claridad y cercanía. Se valora, además, su capacidad para gestionar adecuadamente los tiempos procesales, entender la realidad plural y compleja del país y resolver los asuntos con un enfoque más pragmático que formalista.

En este contexto, surgen dudas razonables sobre si el modelo actual de oposiciones es el más adecuado para formar a los jueces que la sociedad necesita.

Otro problema asociado al modelo de oposiciones es su coste económico y personal. Preparar las oposiciones requiere, en la mayoría de los casos, el apoyo de una familia que pueda sostener económicamente al opositor durante varios años, así como el acceso a academias especializadas o preparadores personales. Este filtro socioeconómico limita la diversidad en el acceso a la carrera judicial y puede consolidar un perfil homogéneo, desconectado de la pluralidad de la sociedad española.

La falta de diversidad —no solo en términos de clase social, sino también de género, origen, experiencias vitales y profesionales— repercute en la sensibilidad del sistema judicial ante realidades distintas y en su capacidad para entender problemáticas específicas como la violencia de género, la discriminación estructural o las desigualdades territoriales.

Este debate no es nuevo, y algunos expertos y asociaciones judiciales llevan años reclamando una reforma del sistema de acceso a la judicatura. Una opción sería complementar las oposiciones tradicionales con pruebas prácticas, entrevistas personales, o incluso valorar experiencias profesionales previas en el ámbito jurídico o social.

Además, se podría revisar el temario para hacerlo más dinámico, actualizarlo en función de los retos contemporáneos (como la inteligencia artificial, el derecho ambiental o los derechos digitales) y fomentar metodologías que premien el razonamiento jurídico, la capacidad de mediación y la toma de decisiones responsables.

También sería importante garantizar una formación continua y una evaluación periódica de las competencias profesionales, una vez ingresados en la carrera, para asegurar que los jueces se mantengan al día con las demandas de una sociedad en constante evolución.

El desajuste entre el perfil técnico que fomentan las oposiciones a la carrera judicial y el perfil humano y social que la ciudadanía espera de sus jueces es una cuestión que merece un debate profundo y sin prejuicios. Garantizar la independencia judicial no debería estar reñido con la adaptación a los nuevos tiempos ni con la necesidad de formar a profesionales más cercanos, plurales y comprometidos con la realidad social del país.

Revisar el modelo de acceso no implica perder calidad ni rigor, sino reconocer que la justicia no es solo una cuestión de normas, sino también de personas. Y en esa tarea, España tiene todavía mucho camino por recorrer.

María Julia tiene 85 años , nació en Quito, Ecuador, ahora a pesar de las reticencias de sus familiares ha decidido opositar como Juez en Madrid , donde vive gracias a una herencia millonaria de su marido muerto durante la Pandemia del Covid. Sabe que sus ojos están cansados pero su alma y su mente están claras. Para ella lo importante no es conseguirlo, sino intentarlo. Tardó 7 años en graduarse en Derecho en la Complutense, y ahora afronta un desafio que solo ella entiende. Nunca es tarde, si la dicha es buena. María Julia denota que Daniel Noboa, podría ser su hijo, por tanto "le queda mucho por aprender".

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