El argumento es simple: frenar la “Peste Porcina Africana” a base de balas, en lugar de un equipo de veterinarios que ayuden a solventar la peste, de una manera heterodoxa, ayudando a equilibrar el ecosistema sin el típico genocidio animal de una muerte preventiva innecesaria. Si eso hace el sistema democrático con los pobres jabalíes, que podemos esperar que haga con los inmigrantes, homosexuales, trans, negros y enfermos traicionados por la Seguridad Social Española por estar abocados a interminables listas de espera. El PSOE hace lo que puede, hasta cierto punto. Todos son cazadores, depende del rango.
Los jabalíes salvajes que pueblan desde siempre la geografía española deben ser exterminados, da igual que sea una especie autóctona, da igual todo, deben ser exterminados por el bien común de ególatras carnívoros de turno que se guían por una industria mercantilista enferma, los jabalíes están enfermos pero la industria es cancerígena aunque sus dividendos sean audaces. El método es más revelador que la causa. Se permite el uso de visores térmicos —como si la planificación ganadera se hubiese militarizado de repente— y se despliega una narrativa donde cada jabalí es un proyectil biológico que hay que neutralizar. La muerte como trámite burocrático. La vida salvaje convertida en amenaza estadística. En las granjas porcinas de España, los antibióticos se han convertido en la anestesia de una agonía planificada. Los cerdos enfermos no mueren; se mantienen con vida, dopados, mientras crecen en naves saturadas de estrés, confinamiento y densidad. Cada dosis es una medida de control, no de bienestar, una forma de prolongar la productividad antes que la vida. La salud animal se subordina al mercado: la enfermedad se trata como riesgo económico, no como tragedia biológica.
El problema no es solo ético. El uso masivo de antimicrobianos alimenta la resistencia bacteriana, amenaza la eficacia futura de fármacos esenciales y genera un riesgo para la salud pública. Aún con reducciones recientes en el consumo, España sigue entre los países europeos con mayor volumen de antibióticos administrados a cerdos. La lógica es industrial: mantener vivos a los animales enfermos resulta rentable, pero perpetúa un sistema que prioriza la eficiencia sobre la dignidad. Pero claro, matar jabalíes blanquea todo el proceso nauseabundo. Y nos hace seres valientes que afrontamos matando a todo y todos, bajo marcos legales.
Mientras la sociedad celebra la carne barata, se silencia el dolor prolongado de millones de cuerpos animales. La prevención se confunde con la medicación rutinaria y la ética se diluye. Los antibióticos se usan como máscara de control, ocultando la agonía que nunca debería considerarse normal.
Pero lo verdaderamente obsceno no es la bala que atraviesa al animal invisible en la noche; lo obsceno es el contraste con aquello que sí se protege, aquello que sí se defiende, aquello cuya agonía —esa sí lenta, opaca, industrial— se considera parte de la normalidad económica. Hablamos del cerdo doméstico, hacinado en naves donde el sol no existe, sedado por antibióticos como quien rellena un silencio incómodo con palabras de relleno. Allí, las enfermedades no se combaten con balas sino con medicamentos que sirven más para sostener la maquinaria que para dignificar la vida.
Porque al cerdo no se le mata: se le prolonga. Se le extiende un sufrimiento que fiscalmente conviene, sanitariamente se tolera y moralmente se ignora. Muere despacio porque vivir deprisa encarecería todo el engranaje. Muere protegido por una especie de inmunidad económica: la de los cuerpos que valen dinero antes de convertirse en cadáver.
Ahí está la grieta: la muerte que molesta y la muerte que alimenta.
El jabalí —imprevisible, libre, ingobernable— recibe una bala porque representa la posibilidad del desorden. El cerdo —predecible, encerrado, dócil— recibe antibióticos para reprimir esa misma posibilidad. La política se vuelve entonces una metáfora grotesca: a lo salvaje se le dispara; a lo productivo se le conserva aunque sufra. Es una ética invertida donde la libertad se penaliza y la explotación se subvenciona.
Se dirá que todo es por el bien común. Que proteger la cabaña porcina es proteger la economía. Que los jabalíes son vectores, no criaturas. Pero bajo esa narrativa se esconde algo más profundo y menos confesable: la incapacidad de reconocer el propio fracaso del sistema. Fallan los modelos de gestión de fauna, fallan las prácticas ganaderas, fallan las estrategias preventivas. Y para tapar la fisura, se construye un relato donde el enemigo siempre es el que no pertenece a la cadena de producción.
La muerte rápida como cortina de humo de una muerte lenta que nadie quiere ver.
Porque hay algo de banalidad política en pagar por cadáveres mientras se ocultan las condiciones reales de miles de animales estabulados. Hay algo de crueldad administrativa en considerar peligrosa a la fauna que vive libre y segura a la que vive enferma pero encerrada. Y hay algo de cinismo moral en poner la escopeta en manos del ciudadano mientras se bendice industrialmente el sufrimiento que sucede entre cuatro paredes.
Al final, lo que muere no es solo el jabalí. Muere la coherencia. Muere la idea de ética pública. Muere la honestidad con la que deberíamos afrontar qué vidas defendemos y cuáles sacrificamos sin pestañear.
Y lo más inquietante: muere también la conciencia de que esta es una decisión política, no biológica. Una decisión que elige matar lo que molesta y mantener con vida lo que rinde, aunque su vida sea una forma lenta, silenciosa y rentable de tortura.
Quizá la verdadera peste no esté en los montes ni en los campos. Quizá esté en esa mirada institucional que distingue entre cuerpos útiles y cuerpos prescindibles. Entre la bala para unos y el antibiótico para otros. Entre la muerte rápida que se premia y la muerte lenta que se industrializa. No estamos seguros de qué será lo próximo.
